Boletín Nº 6164
Gestión del Riesgo: cuando las lluvias crecen, pero la plata para prevenir desastres es cada vez menos
Colombia, Febrero 11 , 2026
Datos conocidos por Portafolio muestran que en los últimos años, los recursos para prevenir emergencias han caído.
Las lluvias volvieron a poner a Colombia en estado de alerta y, con ello, reabrieron un debate que se repite cada vez que el invierno golpea con más fuerza, por cuenta de la distancia entre la magnitud de las emergencias y los recursos que el país destina para prevenirlas; puesto que en las últimas semanas, un frente frío que se desplaza desde el norte del continente y ha dejado al menos 68.000 personas damnificadas, con Córdoba como el departamento más afectado, concentrando cerca de 27.000 de esos casos.
Un enero atípico y los primeros días de febrero han obligado a miles de familias a abandonar sus hogares, refugiarse en albergues improvisados y enfrentar pérdidas materiales severas. Además de Córdoba, Sucre, Nariño, La Guajira y Cundinamarca, así como en Tolima, Antioquia, Bolívar y Valle del Cauca, han sido territorios donde las lluvias provocaron daños en viviendas, afectaciones en cultivos y ganadería, y un deterioro de la infraestructura vial y de servicios públicos.
La magnitud del impacto llevó incluso a la Defensoría del Pueblo a recordar a alcaldes, gobernadores y entidades de gestión del riesgo su obligación constitucional y legal de adoptar medidas preventivas y de mitigación.
Concretamente, la entidad pidió fortalecer los planes de gestión del riesgo, activar oportunamente los comités correspondientes y garantizar una atención integral a la población afectada, con especial prioridad para los grupos en situación de vulnerabilidad, además de exigir la activación de las Estrategias de Respuesta a Emergencias.
Más lluvias, menos plata
Si bien ya las autoridades se están moviendo y el país moviliza ayudas para los damnificados, detrás de la urgencia humanitaria emerge un elemento no menor que agrava cada episodio invernal y es la falta de recursos destinados a evitar que estas crisis sucedan. Dicho de forma simple, el país se ha acostumbrado a reaccionar y ha dejado a un lado la prevención, que en algunos casos puede ser más barata.
Datos conocidos por Portafolio muestran que, en los últimos años, los recursos asignados han venido cayendo de manera sostenida, incluso cuando el Presupuesto General de la Nación ha crecido de forma importante, marcando así una tendencia que se traduce en una brecha entre el discurso y la acción.
Por ejemplo, mientras el Presupuesto General de la Nación pasó de $250 billones en 2019 a más de $541 billones proyectados para 2026, los recursos de gestión del riesgo muestran trayectoria opuesta; ya que tras alcanzar un pico entre 2021 y 2022, cuando la apropiación total estuvo entre los $4 billones y $6 billones y la inversión preventiva llegó a niveles históricamente altos de más de $678.000 millones, el presupuesto comenzó a contraerse de manera abrupta.
De esta forma, en 2023, la inversión cayó a apenas $54.000 millones, cifra que se redujo aún más en 2024 y 2025, hasta llegar a $24.900 millones y $16.900 millones, respectivamente. Para 2026, el monto proyectado se ubica en $10.000 millones, una cifra marginal frente a la magnitud de los riesgos climáticos que enfrenta el país.
En términos de presupuesto total asignado a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, hay que decir que dicha entidad recibió $4 billones en 2020, $6,1 billones en 2021, y $4,1 billones en 2022. Luego de eso empezó a bajar y pasó a $2,2 billones en 2023, $835.000 millones en 2024, $1 billón en 2025 y para este año se proyecta ejecutar apenas $689.000 millones, siendo este el monto más bajo de los últimos 7 años.
Llama la atención que si bien en 2019 apenas se destinaron $341.000 millones a la UNGRD, ese año tuvo la mayor proporción de recursos para invertir en la prevención de desastres, con $70.800 millones. Es decir, poco más del 20%; mientras que este año, dicho porcentaje se quedó en el 1,4% y el año pasado llegó a duras penas al 1,6%; dado que la mayor parte del dinero se fue a gastos de funcionamiento.
Dejando a un lado la destinación que se le da a la plata que va a Gestión de Riesgo, también hay que decir que la ejecución de esos recursos refleja una lógica reactiva más que preventiva; ya que durante varios años, la diferencia entre lo apropiado, lo comprometido y lo efectivamente pagado evidencia que los desembolsos se concentran cuando la emergencia ya ocurrió, mientras los proyectos de mitigación estructural pierden continuidad.
Por ejemplo, del billón de pesos que se apropió para 2025, apenas $45.000 millones terminaron en ejecución efectiva de los recursos por medio de pagos (4,4%). Así mismo, en 2023 se destinaron $2,2 billones, de los cuales se pagaron $123.000 millones. En contraste, períodos como el 2021 tuvieron una asignación de $6,1 billones y de esos recursos se usaron realmente $3 billones, casi el 50%.
¿Cabe una nueva emergencia?
Este patrón cobra especial relevancia en el actual debate político, más aún cuando el presidente Gustavo Petro anunció su intención de declarar emergencia económica, social y ecológica para atender los efectos de la crisis climática y garantizar ayudas a quienes lo necesitan.
El mandatario elevó una solicitud a la Corte Constitucional para que levante la suspensión del decreto de emergencia económica expedido en diciembre de 2025, argumentando que la situación actual constituye un hecho imprevisible que requiere acciones urgentes.
“Hay 14 muertos, nueve mil viviendas destruidas, casi 50.000 familias afectadas, 35.000 hectáreas inundadas, 300.000 personas afectadas”, escribió el presidente en su cuenta oficial de X, al tiempo que recordó advertencias de la FAO sobre el riesgo de hambre en Córdoba y Sucre. Según el jefe de Estado, “la crisis climática imprevisible se ha expresado hoy”, lo que justificaría el uso de herramientas excepcionales para atender la emergencia.
No obstante, el análisis de las cifras presupuestales deja claro que si bien el invierno puede variar en intensidad, no es un fenómeno desconocido, y los riesgos han sido ampliamente documentados; por lo que la reducción plantea interrogantes sobre la emergencia o a una estrategia fiscal que ha relegado la mitigación del riesgo.
En términos fiscales, la consecuencia de esta subinversión es clara y muestra que cada peso termina amplificando el costo humano, económico y político de la emergencia; ya que la atención reactiva demanda mayores recursos en menor tiempo, presiona las finanzas públicas y reabre el debate sobre la creación de impuestos o el uso de estados de excepción, como ocurre nuevamente en este episodio invernal.
En este contexto, la discusión va más allá de la coyuntura climática y pide evaluar si el país continuará respondiendo a desastres previsibles con herramientas extraordinarias o si avanzará hacia una política de gestión del riesgo que priorice la prevención como un componente central de la planeación fiscal; puesto que las lluvias siguen creciendo y, por ahora, la plata para evitar tragedia sigue menguando.
Fuente: Portafolio