La Contraloría General de la República emitió una preocupante advertencia sobre la vulnerabilidad financiera y operativa del sector defensa, tras confirmar que la aeronave tipo C-130 Hércules, de matrícula FAC 1016, accidentada el pasado 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, carecía de una póliza de seguro vigente al momento del impacto.
Según el organismo de control, esta situación representa un riesgo crítico para el patrimonio público, ya que obliga al Estado a asumir directamente los costos derivados del siniestro y las posibles obligaciones indemnizatorias. Este hallazgo se suma a una estadística alarmante: actualmente, solo el 19 % de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) cuenta con cobertura de seguros.
Desequilibrio presupuestal
El análisis sectorial de la Contraloría revela que, aunque el presupuesto de defensa aumentó entre 2024 y 2026, los recursos han sido insuficientes para cubrir necesidades estructurales. El ente fiscalizador señala una alta dependencia del gasto de funcionamiento, lo que resta capacidad a la inversión destinada a la modernización, el mantenimiento y la reposición de equipos.
En las auditorías realizadas se detectaron fallos en la asignación de recursos. De acuerdo con el informe, existe una "subestimación del riesgo en aeronaves desplegadas en teatros de operaciones" y, simultáneamente, una sobreestimación en equipos con menor exposición. Estas inconsistencias en las políticas de aseguramiento comprometen la seguridad operacional y la protección de los uniformados.
Riesgos
De igual forma, en el marco de sus actuaciones de control fiscal, la Contraloría ha advertido riesgos estructurales que inciden en la sostenibilidad del sector defensa, entre los cuales se destacan el rezago en la inversión en tecnología e innovación, el riesgo fiscal asociado al régimen pensional de la Fuerza Pública, cuyos pasivos podrían superar los $140 billones, y la restricción de recursos del sector, frente a lo cual se ha reiterado la necesidad de adoptar decisiones que garanticen su disponibilidad oportuna.
En particular, el análisis del aseguramiento de la flota aérea permitió establecer que únicamente el 19 % de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se encuentran actualmente aseguradas, lo que evidencia una brecha significativa en la cobertura de riesgos.
Así mismo, en auditorías realizadas se han identificado debilidades en la gestión del riesgo asociadas al aseguramiento de aeronaves, entre ellas la subestimación del riesgo en aeronaves desplegadas en teatros de operaciones —con mayor exposición a eventos adversos— y, en contraste, la sobreestimación en aeronaves con menor nivel de exposición, lo que sugiere inconsistencias en la estructuración de las políticas de aseguramiento y en la asignación eficiente de los recursos.
Llamado de atención
La Contraloría General de la República manifestó su preocupación por las implicaciones que la ausencia de aseguramiento puede generar, frente a los mecanismos de compensación económica a favor de los tripulantes y demás miembros de la Fuerza Pública afectados por el siniestro. En consecuencia, desplegará acciones de especial seguimiento a las actuaciones que se adelanten en esta materia, en el marco de sus competencias.
En ese sentido, este órgano de control hace un llamado a las entidades del sector defensa para:
Fortalecer las políticas de aseguramiento de activos estratégicos, en especial de aquellas aeronaves con mayor exposición al riesgo operativo.
Ajustar los modelos de valoración del riesgo, garantizando su correspondencia con las condiciones reales de operación.
Incrementar de manera sostenida las partidas de inversión, priorizando mantenimiento, modernización, innovación tecnológica y gestión del riesgo.
Adoptar esquemas de planeación que permitan un equilibrio adecuado entre el gasto operativo y la inversión de largo plazo.
Adoptar medidas estructurales orientadas a mitigar los riesgos fiscales identificados, particularmente en materia pensional y de sostenibilidad presupuestal del sector defensa.
Fuente: El Nuevo Siglo
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